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El futuro llega en cuatro días

Las perspectivas de la economía y la política para el gobierno macrista en 2017 no son halagüeñas, al menos si realizamos una proyección desde el presente 2016 que ya termina. Para cuando haya cerrado este año, el PIB habrá caído, según diversas estimaciones, un 2,5%, la tasa de desempleo será del orden de 10% y los argentinos viviendo debajo de la línea de pobreza, el 34%. El peso argentino se habrá devaluado aproximadamente 60%, con más de 40% de inflación y subas salariales nominales para los empleados registrados que en el mejor de los casos superaron apenas el 30%. Ni hablemos de la realidad que enfrentan los trabajadores no registrados, que en algunos casos no llegaron a tener ninguna actualización de su salario, y han perdido con todo frente a la inflación. El 26/12 el Presidente Maurizio Macri decidió poner fin a las contradicciones de la política económica "de transición" y eyectó al Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, de su cargo. En su lugar nombró a dos economistas declaradamente ortodoxos liberales convencidos de la línea que en realidad propugna el Presidente: atacar la demanda de los trabajadores quitándole salario de sus manos y así combatir la inflación, a costa de un aumento atroz del desempleo y un férreo daño a todo el sector productivo por el encarecimiento del crédito. Por supuesto, la clase trabajadora que no tiene mayores recursos que el salario socialmente necesario, no puede sobrevivir demasiado tiempo de sus ahorros, ni tampoco está preparada para los "tiempos duros" que el capitalismo nunca avisa que van a pasar, aunque sean parte de su funcionamiento anárquico. Podría decirse que el nombramiento del tándem Dujovne-Caputo en Hacienda y Finanzas es el sinceramiento del macrismo, incluso antes de lo que estaba previsto. Es que, con la pésima marcha de la economía y sin "brotes verdes" que se avisoren en ningún sector que genere empleo y mejore el consumo de los trabajadores, no parece que el 2017 vaya a ser el año del tan ansiado "rebote", que Miguel Bein y Mario Blejer sitúan en torno de 3-5%. Otros economistas, en especial los del sector neoliberal más duro, como Roberto Cachanosky, prefieren reservarse el pronóstico. Sólo Roberto Navarro parece señalar que el año próximo la recesión se profundizará.
Y es que, una vez que todos los ministerios económicos estén controlados por los neoliberales -aunque Prat-Gay era un keynesiano soft y no dudaba en hacer el ajuste para no tocar a los más ricos-, se va a terminar de trasladar al gobierno la anarquía de la producción: cada ministerio tomando medidas en favor de las corporaciones del sector y sin contar los demás y sin un programa económico al menos confesable. El mercado se encargará de arreglarlo todo, según su visión. Dujovne-Caputo serán la confirmación de que el ajuste esta vez, será "en serio". Para que no tengamos otro gobierno que "se gaste un Plan Marshall por año", como dice Cachanosky, aunque no son pocos los estados nacionales que gastan eso y más, lo que es pura demagogia para allanar el camino de la destrucción del sector público. Con la tasa de interés de referencia del BCRA que no se estima vaya a bajar mucho en 2017, continuará el ahogo contra las pequeñas y medianas empresas y contra la clase trabajadora, que se verá continuamente afectada por una economía que, en el mejor de los casos, caerá 1%. En tanto, la tasa de desempleo continuará subiendo. Prueba de que la economía no se hallaba en crisis a fines de 2015 es el traslado casi íntegro a costos de la devaluación del gobierno macrista: 60% a 42%, es decir, 70% carcomida por la subida de los costos que provocó la inflación más alta desde la crisis económica y social de 2002. Para que una devaluación se considere exitosa, según Aldo Pignanelli, la inflación resultante no debería de superar por mucho el 30% respecto del aumento del tipo de cambio. La apuesta del ex-Ministro Prat-Gay y del macrismo en general era que los trabajadores y las empresas aguantasen una inflación de 40% y pico con aumentos salariales que no superasen el 20%. Fracasaron en muchos frentes, y finalmente debieron enfrentarse a la realidad de que la sociedad no va a soportar una bajada brutal del gasto, ni con una devaluación, ni con un recorte ortodoxo. A fines de año, por caso, el Congreso -en el que el macrismo es minoría- tuvo que aprobar $35000 millones para financiar la Ley de Emergencia Social. Logró parar el gobierno, en otro orden de cosas, la subida del mínimo no imponible de impuesto al salario (llamado "a las ganancias") que le hubiera costado $60000 millones más. Pero, pese al acuerdo para subir el mínimo no imponible en un mísero 22,8% y sin cubrir por completo la inflación prevista para 2017, 25% (Ismael Bermúdez), todo indica que el ajuste va a seguir sobre los salarios. El gobierno macrista tiene previsto bajar el mínimo no imponible a niveles norteamericanos (cercanos a los $8000), pero con un Impuesto al Valor Agregado de nivel europeo (21%). El ahogo sobre la clase trabajadora continuará, mientras a los ricos se les exceptúa de pagar bienes personales, retenciones a las exportaciones -salvo que la soja, que recibió una sustancial rebaja de todos modos- y las empresas de energía se las perdona una deuda de $19000 millones, pese a haberse visto beneficiadas por la monumental erogación del Estado con subsidios al sector durante los doce años de gobierno kirchnerista anteriores y, ahora, con los que le sigue entregando el gobierno macrista.
A este panorama económico, debemos sumarle el panorama político. Que tampoco es halagüeño. En todas las encuestas, la coalición macrista-radical aparece perdiendo en la provincia de Buenos Aires, que representa el 37% del padrón electoral nacional, frente a una hipotética candidatura de Cristina Kirchner, por el Frente para la Victoria. En tanto, la imagen que según sondeos tiene el Gobierno se deteriora a medida que también la economía continúa en caída libre. Las recientes derrotas y las negociaciones a la fuerza que tuvo que emprender el Poder Ejecutivo con la oposición unida en el Congreso revelaron como nunca la realidad del sistema político durante todo 2016: la de una situación de inestabilidad. La que, con escenario de victoria pírrica o de derrota por escaso margen en las elecciones legislativas de 2017 no vería más que una -riesgosa- continuación. En tanto que, si la coalición gobernante pierde por varios puntos y termina segunda o tercera y, para peor, se tuviese que enfrentar con una derrota ante un renacido kirchnerismo, la inestabilidad podría devenir en crisis política abierta. En octubre de 2001 la derrota de la UCR-FREPASO en las legislativas se saldó con un desborde social que terminó por provocar la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa.
No por nada desde el gobierno aseguran que ellos, con estas medidas de ajuste económico, evitaron otro 2001. Pero el problema, a saber, es que antes de 2001 y aún antes del gobierno de De la Rúa, ya vivíamos en el ajuste perpetuo que significó la década menemista. Al cumplirse 15 años del levantamiento popular contra el gobierno de De la Rúa, el ex-Presidente y su ex-Ministro de Economía Domingo Cavallo, aseguran que el ajuste que entonces había llevado a un desempleo de 21% y más de 40% de pobreza debía continuar, junto al sistema de la convertibilidad. Un ajuste que no tocaba los privilegios de la minoría super rica de la Argentina que había exigido a rabiar ese régimen de ajuste perpetuo para poder disfrutar de la dolarización de la economía. Minoría que, en plena crisis de 2001 tenía US$ 160000 millones fugados al exterior mientras los pequeños y medianos ahorristas se veían sometido al Corralito de Cavallo y el Corralón de Duhalde. El ajuste no produce más que ajuste. Los argentinos, posiblemente, envíen un mensaje en las urnas contra la vida frugal eterna que el macrismo ya asegura instaurar. Como dijo el ex-Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, "No se puede llevar a la gente a la miseria con tal de recuperar la economía. La economía no se va a recuperar si la gente está en la miseria". Que la solución a cualquier desequilibrio macroeconómico, a cualquier crisis económica, sea la de destruir el nivel de vida de los trabajadores, es una decisión política. Los trabajadores deberán presionar con su organización para que la crisis no se resuelva con el programa pedido por los súper ricos. El 2017, el "futuro" llega en cuatro días.

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